EL PAIS
El fiasco en las autopistas de
peaje deja ya un agujero de 3.800 millones
Nueve concesionarias
están al borde de la quiebra y no cubren ni los intereses de la deuda
El ministerio de
Fomento ultima fórmulas de rescate para evitar el cierre
Madrid 24 JUN 2012 - 19:25 CET33
Autopista de peaje en Toledo
(A-41). / CRISTÓBAL MANUEL
El fiasco en las autopistas de
peaje, especialmente las radiales, ha generado ya un agujero de 3.800 millones
de euros y ha dejado a nueve concesionarias “al borde de la quiebra”. Así
figura en la documentación del Ministerio de Fomento y lo reconocen las
empresas. Estas nueve compañías obtuvieron en 2010 un resultado de explotación
de 49,5 millones entre todas, con lo que no pueden ni pagar los intereses de la
deuda. El Gobierno busca fórmulas de rescate, después de que hace dos años el
Ejecutivo ya les concediera un ventajoso préstamo para que prosiguieran su
actividad.
Las radiales de Madrid (R-2,
R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje a Barajas, la Ocaña-La Roda y la
autopista Alicante-Cartagena-Vera, proyectadas en el segundo
Gobierno de Aznar, no han cumplido ni una de sus previsiones.
EL PAÍS
José Antonio López Casas,
director general de Accesos de Madrid (R-3 y R-5), pinta un panorama negro: “Ha
habido sobrecostes en las obras y en las expropiaciones. Había que invertir 640
millones pero acabó en 1.500. Además, el tráfico solo alcanza el 35% del
previsto”. De los 40.000 vehículos al día que debían utilizar la R-3 solo lo
hacen 13.000. Los ingresos por peajes del grupo son de 22 millones al año,
menos de la mitad de lo estimado. “Tiene poco arreglo. Solo lo puede arreglar
el Gobierno”, concluye López. Accesos de Madrid tiene una deuda de 666 millones
de euros con unos 40 bancos (una decena de ellos, extranjeros) que debe
renegociar en septiembre.
No es la única. La R-4 y la
AP-36, ambas
controladas por Ferrovial, suman una deuda de 1.000 millones con más
de 20 bancos y desde junio del año pasado el crédito está en suspenso (stand
still). Ni pagan los intereses a la espera de lo que decida el Gobierno.
Tiene un 70% menos del tráfico previsto.
Fomento maneja documentación
según la cual hay dos de ellas que “no son viables ni a corto ni a largo
plazo”. Se trata de la Madrid-Toledo, que entró en concurso de acreedores en
mayo pasado, y la que va a la T-4 de Barajas. Esta tiene una deuda de 227
millones y unos ingresos por peajes que en 2010 fueron de solo 4,7 millones. Se
puede ir gratis por una autovía por la que no tarda más tiempo. Este diario ha
intentado, sin éxito, obtener la versión de la constructora OHL, dueña de esta última.
En estas autopistas entraron
constructoras (ACS, OHL, Cintra, Sacyr, Sando, Isolux...) pero también cajas de
ahorros, como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar. Los dos sectores
atraviesan enormes dificultades y tienen en las autopistas una carga extra.
El sector presenta un panorama
en el que todo se conjura contra ellos. “Las expropiaciones se dispararon un
600%”, explica una fuente de una empresa. Al menos en los alrededores de
Madrid, los tribunales comenzaron a interpretar que debían pagar el suelo en
función de las expectativas que hubiera. El Tribunal Superior de Madrid llegó a
fijar una expropiación de 3.100 euros por metro cuadrado en el enlace entre la
R-3 y la M-40, según López Casas.
Uno de los problemas es que la
mayoría de la inversión se hizo con deuda. La R-2, por ejemplo, se ideó en 2001
con una inversión de 486 millones. De ellos, los socios ponían 61,7 (el 12%) y
el resto procedía de un préstamo sindicado de 424,5 millones. La partida para
expropiaciones estaba fijada en 40 millones pero finalmente ascendió a 430. Así
figura en un libro de la patronal de concesionarias y túneles, Aseta.
Además, critican que en algunos
casos el Gobierno promovió obras que le hacían la competencia. Es lo
que esgrimen en Ciralsa (el 50% es de ACS), concesionaria de los 33,2
kilómetros de circunvalación de Alicante, que abrió en diciembre de 2007.
“Tenemos vías paralelas. Hace seis meses, Fomento abrió una vía con dos
carriles”. Tras una inversión de 445 millones, el tráfico el mes pasado fue un
30% del previsto. La empresa, que acumula una deuda de 242 millones, afirma que
está “pendiente de un reequilibrio financiero circense”, y que “a nadie le
interesa que quiebre y explote”.
La Madrid-Toledo, que en 2010
ni cubrió los gastos operativos, culpó de sus males a que el Gobierno no
construyó el tramo entre Toledo y Córdoba. Eso habría convertido la vía en una
alternativa entre Madrid y Andalucía. Una declaración de impacto ambiental negativa lo impidió, ya
que iba a atravesar la zona del lince. Pero también ha habido evidentes fallos
de planificación. La Cartagena-Vera abrió en 2007 en una zona de costa virgen
en la que el Gobierno de Murcia impulsaba la construcción de decenas de miles
de viviendas. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria frustró los planes. Apenas
tiene tráfico, pero mantiene una deuda de 561 millones, a los que hay que sumar
los 210 de la Alicante-Cartagena. La empresa no quiso dar su opinión y remitió
a Fomento. Tal es la dependencia de la Administración. La situación es tal que
si dedicaran los beneficios de estas nueve concesionarias a pagar deuda
tardarían más de 80 años en cumplir con los bancos.
Fomento afirma que busca
soluciones a corto y a medio plazo para uno de los mayores fiascos de las
infraestructuras españolas (que suma aeropuertos sin aviones y AVE vacíos). En 2010, el
Gobierno del PSOE incluyó préstamos blandos por 80 millones para que pudieran
continuar. El PP se abstuvo. El problema para el Ejecutivo es que si quiebran y
rescata las concesiones “existe riesgo de reclamación de la responsabilidad
patrimonial de la Administración por un importe de 3.908 millones, con el
consiguiente impacto en el déficit”.
La patronal de las
concesionarias, Aseta, explica que hay varias vías de rescate: alargar las
concesiones o expropiar las que no tienen ningún futuro, créditos públicos,
cuentas de compensación, peajes a las autovías. También que las autopistas que
sí son rentables, como las antiguas de Cataluña o de Segovia y cuyas
concesiones expiran en unos años, absorban estas a cambio de nuevas ventajas.
“El Ejecutivo puede asumir un déficit de 80 millones al año un tiempo o 3.000
de golpe”, señala López Casas.
Manel Nadal, ex secretario de
Movilidad de la Generalitat de Cataluña con el PSC, opina que fue un error
diseñar un sistema doble, uno de pago y otro gratuito. Admite que las
expropiaciones se han disparado y que por ahí el Estado podría justificar
alguna compensación. Pero añade que hay errores propios de las concesionarias:
“Hicieron estudios de tráfico mal hechos y ellos deberían asumir sus errores.
Aquí la gente solo asume los beneficios. Si hay riesgos viene papá-Estado”.
Para Nadal, la solución final pasará por hacer de pago también las autovías.
No sería el primer rescate de
autopistas. Entre 1980 y 1983, el Estado intervino tres concesiones y fundó Empresa Nacional
de Autopistas de Peaje (ENA), que fue privatizada en 2003.
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