Los próximos parados que sean
los diputados
Javier Casado,
abogado y ex portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura.
El divorcio entre la casta política dirigente y la
realidad cotidiana de los ciudadanos (así como entre promesas electorales y
medidas que luego se aplican), se ha mostrado con toda su crudeza con la
aprobación de los últimos recortes por el Gobierno de Rajoy. Se aplasta al más
débil, se le recortan derechos fundamentales, pero se mantienen exorbitantes
privilegios políticos y elevadísimos sueldos.
Es indignante que la
subida del IVA entre en vigor de inmediato, siendo el más insolidario de todos
los tributos, y la reforma del modelo del Estado se aplace varios años. Es lo
que va a pasar con la reducción de concejales
y municipios, donde vuelve a incidirse sobre la administración más débil y más
próxima al ciudadano. Y sin embargo ¿qué hay del Senado? ¿Cuándo piensan
suprimir esa institución que sólo sirve para colocar a políticos, familiares y
amigos? ¿Y las mancomunidades? ¿Cuándo se reducirán los parlamentos
autonómicos? Ahora que nos vemos obligados a ceder soberanía a Europa, es el
momento más oportuno para reformar el modelo de Estado previsto en nuestra
Constitución por otro más acorde a las circunstancias actuales. Porque, si nada
podemos hacer, salvo obedecer las órdenes de Europa, ¿para qué queremos tantas
instituciones políticas, nacionales y autonómicas? Si todos se escudan tras la
imposibilidad de adoptar otras medidas que no sean recortes y subidas de
impuestos ¿por qué no se suprimen los gobiernos autonómicos y así nos ahorramos
una pasta en multitud de cargos sobrevalorados económica y profesionalmente?
Sin embargo, donde más se evidencia el rasgo de amoralidad de nuestra casta
política es en la aplicación de recortes a los parados, mientras que las
subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y empresarial, sólo se
reducen un 20%. ¿Por qué no las reducen un 80% o un 90% ¿Qué impide que paguen
únicamente sus afiliados y militantes?
Por cierto, ¿sabían que
la Asamblea de Extremadura, con cargo a nuestros presupuestos, paga a cada
partido político 2.000 euros /mes por cada diputado, es decir, 64.000 euros/mes
al PP, 60.000 al PSOE y 6.000
a IU?
Cada mes. Sumen, aparte, las liberaciones de los diputados, viajes,
teléfonos móviles, ordenadores portátiles... ¿Se puede soportar tal coste al
tiempo que privamos de derechos a los ciudadanos? Y lo que es peor, el destino
de ese dinero es opaco y no está sujeto a ningún control público (lo del
Tribunal de Cuentas es, como mucho, testimonial). Parte del mismo se destina a
sobresueldo de los cargos de los partidos, abonándose además bajo el concepto
de dietas y gastos de desplazamiento, con lo que se trata de ingresos
fiscalmente no declarables. ¿Alguien da más?
¿Y qué decir de los
liberados sindicales y de sus retribuciones? No deberíamos permitir que los
sindicatos no hagan públicos los sueldos de sus liberados; como tampoco que se
crucifique sólo al magistrado Dívar mientras los demás miembros del Consejo General del Poder Judicial no
piensan hacer públicos sus gastos de representación salvo que lo pida el
Congreso de los Diputados. Con ello se evidencia que en este país no existe una
democracia real, sino una sucesión de chirigotas políticas, de desahogados afiliados
a partidos políticos, o lo que es peor, de notables similitudes con el patio de
Monipodio.
Cobrando más de 4.000
euros netos/mes (y digo bien, netos, porque los diputados nacionales,
senadores, autonómicos, etc., tienen pagada la locomoción, las dietas, la
telefonía móvil, etc., etc.), nadie entiende por qué la ciudadanía de a pie, con sueldos cada vez
más reducidos, tiene que pagarse su gasolina, teléfono, y Sus Señorías están
rebajados de ese servicio.
Los que no han conocido
otra actividad profesional o empresarial fuera de la política, no comprenden
que cambiar el modelo productivo de regiones como Extremadura nos llevará al
menos dos generaciones y condenará a nuestros hijos y nietos a ser emigrantes.
O que mantener una televisión autonómica que nos cuesta más de veinte millones
de euros al año es un lujo inasumible para nuestra región, máxime cuando se
está asfixiando al parado, al trabajador, a autónomos y pymes.
Para colmo, acabo de leer
que los tres principales grupos del Congreso (PP, PSOE y CIU) llegaron el
pasado 6 de marzo a un acuerdo de tapadillo que les permitía reconvertir
asistentes en asesores, a una ratio de 2 por 1 y con un máximo de cinco por
grupo. Dichos auxiliares percibirían una remuneración bruta máxima de 3.800
euros/mes frente a los 1.900 de los reemplazados. Según la Junta de Personal de
la Cámara Baja, sus funciones “se solapan con las tareas de los empleados
públicos y duplica el apoyo técnico y jurídico por ellos desempeñado”. Con una
diferencia: al ser eventuales, nombrados a dedo, no están sujetos a las
restricciones salariales y de jornada que afectan a los funcionarios de
carrera. Por actuaciones similares, el ex presidente francés Chirac fue
condenado a dos años y un desembolso de 2’2 millones de euros por veinte empleos,
al faltar a su “deber de honradez sin tener en cuenta el interés de los
ciudadanos”, tras haber quedado aprobado que creó puestos de trabajo ficticios
para sus aliados políticos de 1992
a 1995, en su última etapa como Alcalde de Paris.
Pero aquí nunca pasa
nada. Los españoles somos mayoritariamente del Real Madrid o del Barcelona, del
PP o del PSOE, y lo seguiremos siendo pase lo que pase y nos hagan el daño que
nos hagan. Obedeciendo a estos sentimientos atávicos hemos tenido que sufrir al
peor presidente de gobierno de la democracia y vamos camino de intentar
sobrevivir al segundo. Por lo mismo, soportaremos que nos recorten derechos
esenciales mientras ellos mantendrán sus privilegios. El que pueda se marchará
a Alemania, China o Estados Unidos. Al resto nos seguirán vampirizando los
mismos que, sin haber trabajado, nunca sabrán lo que es el paro.
La solución: decir adiós a atavismos y actuar para que
los próximos parados sean los diputados.
